UNIÓN EUROPEA Comité de las Regiones La Asamblea de la UE de los representantes regionales y locales	Red de Seguimiento de la Subsidiariedad

Institución:
Título de la iniciativa comunitaria:
Referencia: (p.ej. COM(2005) 112)

El principio de subsidiariedad tiene como finalidad garantizar que las decisiones se adopten lo más cerca posible del ciudadano y en el nivel más adecuado en el que los objetivos perseguidos puedan alcanzarse más eficazmente. Por ello requiere que constantemente se efectúan controles para determinar si la acción a escala de la UE está justificada teniendo en cuenta las posibilidades de que se dispone en los niveles central, regional y local. El Tratado de Lisboa ha completado la definición del principio de subsidiariedad de la UE haciendo una referencia expresa a su dimensión local y regional. El presente cuestionario está diseñado como una herramienta para los socios de la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad, con el fin de facilitarles su evaluación del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad por parte de las iniciativas comunitarias y al mismo tiempo abordar el concepto de "legislar mejor". Contiene un anexo que proporciona las pertinentes fuentes de información.

ES

1. TIPO DE COMPETENCIA Y BASES JURÍDICAS
El principio de subsidiariedad sólo es aplicable en los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión (art. 5 del TUE) como, por ejemplo, las competencias compartidas o las competencias de apoyo. Al iniciar el análisis de subsidiariedad es preciso definir el tipo de competencia en la que se apoya la iniciativa de la UE en cuestión. Para poder hacerlo es necesario comenzar por determinar las bases jurídicas que le sirven de soporte. La base jurídica de una iniciativa de la UE es un artículo del Tratado que autoriza a las instituciones de la UE a actuar en un ámbito político determinado. Es especialmente importante determinar la base jurídica específica en el caso de los actos legislativos, pero es también importante en el caso de los actos no legislativos, como las comunicaciones, los libros verdes o los libros blancos. En este caso, sin embargo, bastaría únicamente con identificar el o los ámbitos políticos que aparecen en los correspondientes títulos o capítulos del Tratado. Las bases jurídicas y el tipo de competencia pueden determinarse respondiendo a las siguientes cuestiones.

1.1 ¿Qué artículo(s), título(s) o capítulo (s) del Tratado sirve(n) de fundamento a la competencia de la UE para actuar en ese ámbito en cuestión? (para los artículos, véase el punto 1 del cuadro que se adjunta como anexo)
1.2 ¿Se trata de una competencia exclusiva, compartida o de apoyo? (véase el cuadro anexo) En caso de que se trate de una competencia exclusiva de la UE, sólo será necesario evaluar si se ajusta al principio de proporcionalidad (ir al punto 3).

2. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD – ¿Debería actuar la UE?
En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión (Art. 5 del TUE). La UE debería actuar solamente cuando se considere que su acción es necesaria y aporta una ventaja clara. Es posible evaluar si se cumplen estos dos requisitos acumulativos sobre la base de las preguntas siguientes. Son fuentes de información útiles para este análisis las evaluaciones de impacto (véase el anexo, punto 2) y las exposiciones de motivos y los considerandos de las propuestas legislativas.
2.1 ¿Es necesaria la acción propuesta
porque la cuestión tratada tiene aspectos transnacionales que no pueden ser regulados satisfactoriamente por los Estados miembros o por los entes locales y regionales actuando individualmente?
y/o
porque la acción emprendida por los Estados miembros en solitario, o la falta de acción a escala de la UE, entra en conflicto con las exigencias de los Tratados o produce algún tipo de daño importante para los intereses de los otros Estados miembros?
y/o
porque las medidas existentes de la UE o la asistencia específica prestada en este marco no son suficientes para alcanzar los objetivos perseguidos?
2.2. ¿Aportaría la acción propuesta una ventaja clara, por su escala o por su eficacia, en comparación con una acción adoptada a escala nacional, regional o local (como economías de escala, seguridad jurídica, homogeneidad en los enfoques jurídicos, etc.)?

3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD – "¿Cómo debería actuar la UE?"
El contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados (Art. 5 del TUE). Los medios propuestos por la UE deben ser adecuados y apropiados para alcanzar los objetivos perseguidos.
3.1 Es posible evaluar si la naturaleza y el alcance de la acción propuesta cumplen los requisitos de proporcionalidad sobre la base de las preguntas siguientes. Son fuentes de información útiles para este análisis las evaluaciones de impacto (véase el anexo, punto 2) y las exposiciones de motivos y los considerandos de las propuestas legislativas.
¿Es la acción propuesta una forma apropiada de alcanzar los objetivos perseguidos?
y
¿Es la forma de acción propuesta (la elección del instrumento) la más simple posible para alcanzar los objetivos perseguidos? (La UE debería legislar únicamente en la medida de lo necesario. Respetando los requisitos de los Tratados, y siempre que ello sea suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos, las directivas serán preferibles a los reglamentos, y las directivas marco a las medidas detalladas; las medidas no legislativas, como las recomendaciones no vinculantes, a los actos legislativos; debería darse preferencia al fomento de la cooperación entre Estados miembros, a la coordinación de las acciones nacionales o a complementar y apoyar dichas acciones mediante directrices, estableciendo mecanismos de intercambio de información, etc.).
y
¿Deja la acción propuesta tanto espacio como sea posible a la decisión nacional (a saber, central, regional y local) para poder alcanzar los objetivos perseguidos? (Respetando los requisitos de los Tratados, y siempre que ello sea suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos, las medidas de la UE deben permitir a los Estados miembros formas alternativas de alcanzar los objetivos; habrá que velar por que se respeten las disposiciones nacionales bien establecidas. Cuando sea necesario fijar normas a escala de la UE debería considerarse la posibilidad de fijar normas mínimas que dejen libertad a los Estados miembros para establecer normas más estrictas.)
3.2 Si considera que la acción propuesta va más allá de lo necesario, ¿cuál sería, en su opinión, la forma alternativa y menos restrictiva de alcanzar los objetivos perseguidos?

4. LEGISLAR MEJOR
4.1 En el caso de que la iniciativa de la UE vaya acompañada de una evaluación de impacto (véase el anexo, punto 2), ¿considera que ésta tiene debidamente en cuenta los aspectos locales y regionales? ¿Está de acuerdo con la evaluación propuesta por la Comisión Europea?
4.2 ¿Conllevaría la puesta en práctica de la acción propuesta cargas administrativas o financieras para su administración, para los operadores económicos o para ciudadanos de su región, ciudad o municipio? ¿Serían estos costes proporcionados a los objetivos perseguidos? Si el impacto de la iniciativa de la UE no ha sido evaluado (ya sea de forma independiente mediante una evaluación de impacto o directamente en la propia iniciativa), sírvase indicar si, en su opinión, debería realizarse una eventual evaluación de potenciales cargas financieras o administrativas como, por ejemplo, mediante una consulta a través de las distintas redes del CDR.

5. EL PAPEL DE LA UE
¿Cuál es, en su opinión, el papel que debería desempeñar la UE en el ámbito político correspondiente? (Por ejemplo, ¿debería la UE fijar simplemente el marco principal o los principales objetivos, o debería especificar más bien unas disposiciones más detalladas? ¿Debería la UE tener un mayor papel de apoyo como, por ejemplo, coordinando las políticas nacionales existentes, o se requiere una acción de la UE de mayor envergadura y más directa? ¿Son necesarias medidas reglamentarias, o considera que serían suficientes alternativas no legislativas como, por ejemplo, documentos de orientación de la Comisión Europea?)

Anexo

1. TIPO DE COMPETENCIA Y BASE JURÍDICA DE LAS INICIATIVAS DE LA UE

COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA UE Art. 3 del TFUE
Ámbito político	Base jurídica (Artículo de los Tratados)	¿Consulta obligatoria al CDR?
La unión aduanera	Art. 31 del TFUE	NO
El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior	Arts. 103 y 109 del TFUE	NO
La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro	Arts. 127 a 138 del TFUE (Art. 3, apartado 4, del TUE)	NO
La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común	Arts. 3, 40 y 43 del TFUE	NO
La política comercial común	Arts. 206 y 207 del TFUE	NO
La celebración de un acuerdo internacional (en las políticas mencionadas, así como en otras políticas) cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la UE, cuando sea necesaria para permitir a la UE ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas	La base jurídica será siempre un artículo del Tratado correspondiente al objeto del acuerdo y los arts. 216 y 218 del TFUE respecto del procedimiento	NO

COMPETENCIAS COMPARTIDAS Art. 4 del TFUE
Ámbito político	Base jurídica (Artículo de los Tratados)	¿Consulta obligatoria al CDR?
El mercado interior	Arts. 26 (general), 46 y 48 (trabajadores), 50 y 59 (derecho de establecimiento y servicios), 64 (capitales), 113 (fiscalidad) y 114 (cláusula general de armonización) del TFUE. (Art. 3, apartado 3, del TUE)	NO
La política social, en los aspectos definidos en el Tratado FUE	Art. 153 del TFUE (155 respecto de los acuerdos entre interlocutores sociales)	SÍ Artículo 153
Art. 157 del TFUE, no discriminación entre hombres y mujeres	NO
Art. 19 del TFUE, no discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual	NO
La cohesión económica, social y territorial	Arts. 175, 177 y 178 del TFUE, y art. 164 del TFUE para el Fondo Social Europeo (Art. 3, apartado 3, del TUE)	SÍ Arts. 175, 177 y 178 Art. 164 para el Fondo Social Europeo
La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos	Arts. 4, 40 y 43 del TFUE	NO
El medio ambiente	Art. 192 del TFUE (Art. 3, apartado 3, del TUE)	SÍ Art. 192
La protección de los consumidores	Art. 169 del TFUE	NO
Los transportes	Arts. 91 y 100 del TFUE	SÍ Arts. 91 y 100
Las redes transeuropeas	Art. 172 del TFUE	SÍ Art. 172
La energía	Art. 194 del TFUE	SÍ Art. 194
El espacio de libertad, seguridad y justicia	Arts. 67 (general), 77 (controles y cruce de fronteras), 78 (asilo, protección subsidiaria y protección temporal), 79 (inmigración), 81 (cooperación judicial en materia civil), 82 (cooperación judicial en materia penal), 83 (derecho penal material), 84 (prevención de la delincuencia), 87, 88 y 89 (cooperación policial) del TFUE (Art. 3, apartado 2, del TUE)	NO Pero se hace una mención especial al control de subsidiariedad por los parlamentos nacionales en el art. 69
Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el Tratado FUE	Art. 168 del TFUE, en particular las medidas adoptadas en virtud del apartado 4	SÍ Art. 168, apartado 4
La investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio	Arts. 182, 188 y 189 del TFUE	NO
La cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria	Arts. 209, 212 y 214 del TFUE	NO

COMPETENCIAS DE APOYO DE LA UE Art. 6 del TFUE
Ámbito político	Base jurídica (Artículo de los Tratados)	¿Consulta obligatoria del CDR?
La protección y mejora de la salud humana	Art. 168 del TFUE (excepto el apartado 4)	SÍ Art. 168, apartado 5
La industria	Artículo 173	NO
La cultura	Artículo 167 (Art. 3, apartado 3, del TUE)	SÍ Artículo 167
El turismo	Artículo 195	NO
La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte	Arts. 165 y 166 del TFUE	SÍ Arts. 165 y 166
La protección civil	Artículo 196	NO
La cooperación administrativa	Arts. 74 y 197	NO

ÁMBITOS POLÍTICOS ESPECIALES DE LA UE
Ámbito político	Base jurídica (Artículo de los Tratados)	¿Consulta obligatoria del CDR?
La coordinación de las políticas económicas	Art. 2, apartado 3, art. 5, y arts. 120 a 123 del TFUE	NO
La coordinación de las políticas de empleo	Art. 2, apartado 3, art. 5, y arts. 148 y 149 del TFUE	SÍ Arts. 148 y 149 del TFUE

2. FUENTES DE INFORMACIÓN PERTINENTES PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS INICIATIVAS DE LA UE

Nota: La presencia de la referencia SEC en la página de guarda de una iniciativa de la Comisión indica que se ha llevado a cabo una evaluación de impacto.

2.1 Sección sobre "Legislar mejor" en la Web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_es.htm

Véase, en particular, la pestaña "Evaluación de impacto", en el menú de la izquierda

2.2. Sección sobre "Impact assessment" (en inglés, exclusivamente) en la Web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

Véase, en particular, la pestaña "List of impact assessments" en el menú de la izquierda

2.3 También es posible acceder a las evaluaciones de impacto desde el sitio Internet Prelex:

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es

Prelex es una base de datos de procedimientos interinstitucionales que realiza un seguimiento de las fases principales del proceso decisorio entre la Comisión y las demás instituciones.

Las cargas administrativas son los costes soportados por las empresas, los operadores económicos, los ciudadanos y las autoridades públicas en el proceso de ajustarse a las obligaciones de información impuestas por una normativa, información que no habría tenido que ser recogida y aportada de no existir tal normativa.

En virtud del artículo 4, apartados 3 y 4, el ejercicio de competencias en estos ámbitos por parte de la Unión no tiene por efecto impedir a los Estados miembros ejercer las suyas.